GESTIÓN INSTITUCIONAL Y
GOBERNABILIDAD SOCIAL DE UN GOBIERNO REGIONAL DE PERÙ
Los diversos cambios que se presentan dentro de las entidades públicas suscitaron como producto de la modernización de la gestión con el objeto de asegurar la flexibilidad y transparencia de las actividades, planes y programas a favor del crecimiento y desarrollo sostenible de una nación. Es así como, la Organización de las Naciones Unidas (2020) ha propuesto como iniciativa el planteamiento de una serie de objetivos que permitan hacer frente a los problemas sociales que se presentan alrededor del mundo, por cuanto están enfocados a la pronta resolución de los mismos y asegurar el desarrollo sostenible de los países, por tal motivo es necesario que los Gobiernos, entidades privadas, sociedad civil y población en general participe de manera activa en el cumplimiento efectivo de los mismos. En tal sentido, se cuentan con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que deben ser cumplidos al 2030 y abarcan las dimensiones económica, ambiental, institucional y social. Así pues, los objetivos que comprenden la dimensión social son: Objetivo 1 “Fin de la pobreza”, el cual está enfocado a reducir la pobreza hasta en un 50 %; Objetivo 2 “Hambre cero”, el cual está enfocado a garantizar que todos los individuos puedan tener acceso a una alimentación sana y nutritiva; Objetivo 3 “Salud y bienestar”, el cual está enfocado a asegurar el desarrollo de una vida saludable e incentivar el bienestar de las personas, así como disminuir el ´índice de mortalidad en menos de 0.007 %; Objetivo 4 “Educación de calidad”, el cual está enfocado a asegurar la educación inclusiva y equitativa, así como garantizar que todos los niños culminen sus estudios de nivel primario y secundario, y Objetivo 5 “Igualdad de género”, el cual está enfocado a alcanzar la igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y niñas, y erradicar toda forma de discriminación. Por otro lado, Cubero & Valdez (2022) dan a conocer que al emplear métodos de gestión en las instituciones estatales de Ecuador estas incrementan la eficacia de sus actividades y la consolidación de las políticas del estado en un 79 %, lo cual influye en la realización y cumplimiento de metas establecidas dentro del tiempo estipulado, donde da a conocer que dicho gobierno con la ejecución de programas y planes estratégicos, disminuyó en un 30 % los ´índices pobreza extrema, analfabetismo, violencia sexual y familiar, y los actos delictivos. En ese sentido, Zavaleta (2021) destaca la importancia de desarrollar una eficiente gestión institucional en los organismos públicos latinoamericanos, visto que ello contribuye con el seguimiento eficiente de los programas y correcta aplicación de las políticas públicas. En Perú, el Instituto Peruano de Economía (2021) puso en evidencia que en el Presupuesto del 2024 se ha priorizado el cumplimiento de las políticas nacionales, las mismas que estuvieron enfocadas en 7 intervenciones dentro de las cuales destaca la educación y salud, violencia contra la mujer, descentralización, friaje, mantenimiento vial, gestión de riesgos y reforma de justicia, cuyo fin principal es cerrar una brecha social amplia entre las regiones. Respecto a la intervención educación y salud, la política busca fortalecer las remuneraciones de los especialistas en educación y salud, así como asegurar el acceso a una educación básica y superior de calidad; por otro lado, en cuanto a intervención de la violencia contra la mujer, la política busca asegurar la continuidad de los centros de emergencia y demás organismos enfocados a velar por la seguridad e integridad de las personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2020) sostiene que en el Art. 4 del primer numeral de la Ley N°29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ha determinado que es función exclusiva del Poder Ejecutivo crear y monitorear políticas nacionales y sectoriales, las mismas que deben ser cumplidas de manera obligatoria por todas las instituciones estatales de los distintos niveles (nacional, regional y local). Por otra parte, de acuerdo con un informe presentado por el CEPLAN, se pudo conocer que para el presente periodo se ha priorizado algunas políticas públicas nacionales y sectoriales, dentro de las cuales destaca la “Política nacional de saneamiento”, la “Política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe” y la “Política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria”. Por otra parte, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (2020) mediante un informe actualizado al mes de diciembre 2019 dio a conocer que el 58.79 % de las políticas sustentadas en el eje social se cumplieron satisfactoriamente, el 13.33 % están en proceso y el 27.88 % no podrán cumplirse debido a una serie de dificultades dentro de las cuales destaca la falta de compromiso por parte de las autoridades locales, carencia de aptitudes por parte de los funcionarios, ausencia de recursos económicos necesarios para su ejecución, etc., en donde la Política 1 “Nombre e identidad de la persona” y la Política 7 “Seguridad y empleo digno” se cumplieron en un 100 %, la Política 2 “Buen inicio a la vida y salud” está cumpliéndose en un 63.49 %, la Política 3 “Nutrición saludable” y Política 4 “Educación desde la primera infancia” están cumpliéndose en un 63.83 %, la Política 5 “Protección especial para las personas vulnerables o en condición de pobreza extrema” está siendo cumplida en un 71.43 % y la Política 6 “Protección contra la violencia en sus diversas modalidades” está cumpliéndose en un 27.78 %. En ese sentido, Dill’Erva (2021) precisa que, la administración pública está en proceso de modernización y que los mecanismos que utiliza para la realización de sus actividades no están sujetas a planificación por ello, es que existe un gran porcentaje de planes que no se llegan a cumplir adecuadamente ni en el tiempo esperado. En el contexto local, Valera (2020) manifiesta que el Gobierno Regional de San Martín, presenta falencias significativas concernientes al desarrollo de las actividades de gestión institucional, por cuanto según el informe del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2020 los planes, programas y proyectos tuvieron un grado de prioridad bajo debido al confinamiento social por la COVID-19, que paralizó muchas actividades comerciales y la ejecución de proyectos por parte de los gobiernos locales para evitar la propagación de este virus; donde se evidencia un avance físico por función de la Municipalidad Provincial de San Martín de las 16 funciones programadas 7 no se cumplieron al 100 %, según el Ministerio de Economía y Finanzas (2020) estos son: Ambiente en un 83 %, Cultura, y deporte con un 55 %, Educación en un 0 %, Orden público y seguridad en un 88 %, Protección social del 96 %, Saneamiento tuvo cumplimiento del 50 %, y la Vivienda y desarrollo fue de un 96 %, y las que llegaron cumplirse en su totalidad fueron el Comercio, Industria, Prevención social. Respecto al eje 02 Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad tuvo un cumplimiento del 108 % anual en el segundo semestre, en el eje 03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible 145 % anual, en el eje 04 Desarrollo social y bienestar de la población dentro de su lineamiento 04.01 Reducir la anemia infantil en niños de 6 – 35 años tuvo un cumplimiento anual del 73 %, en el lineamiento 04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes se cumplió en un 44 %, en el 04.04 Incrementar el alcance de los servicios de agua y saneamiento tuvo un nivel de cumplimiento del 67 %, en el 04.05 Mejorar la seguridad ciudadana se cumplió en un 59 % y en el lineamiento 04.06. Promover la igual y la no discriminación en hombres y mujeres tuvo un nivel de cumplimiento del 76 %. Asimismo, se puede señalar que, desde una perspectiva general, los ejes económico, ambiental e institucional, al igual que el eje social, no se cumplieron en un 100 %. De igual manera, se ha contribuido con el reconocimiento de la importancia del involucramiento y participación de la ciudadanía en el desarrollo y crecimiento de la localidad,e l propósito de asegurar que el Gobierno Regional de San Martín realice correctamente las actividades de gestión, contribuyendo de este modo el desarrollo efectivo de los acuerdos. Implicancias prácticas, visto que coadyuvó con el diseño de una propuesta que contribuya con la buena gestión institucional y el cumplimiento de los acuerdos de gobernabilidad a través del planteamiento de posibles medidas correctivas que respondan oportunamente a la solución de problemas sociales vinculados con la anemia, desnutrición, muerte materna, capacidad de aprendizaje, accesibilidad a los servicios básicos, trabajo infantil, violencia física o sexual, etc., los mismos que tienen un mayor grado de relevancia en los acuerdos de gobernabilidad en el eje social del Gobierno Regional de San Martín.
Conclusiones
La gestiòn institucional contribuye significativamente al cumplimiento de los acuerdos de gobernabilidad social en el Gobierno Regional de San Martìn, por cuanto favorecerà a la buena planeaciòn, organizaciòn, direcciòn y control de las actividades que fueron programadas. La gestiòn institucional en el Gobierno Regional de San Martìn, presenta un nivel medio en 64 % desde el punto de vista de los colaboradores y 60 % de los especialistas respectivamente, lo cual pone en evidencia que los procesos de gestiòn estàn presentando serias irregularidades que impiden su desarrollo de manera conveniente y efectiva. El cumplimiento de los acuerdos de gobernabilidad social en el Gobierno Regional de San Martìn, presenta un nivel medio desde la perspectiva del 58 % de los colaboradores y especialistas respectivamente, lo cual refleja que el deficiente desempeño de los actores implicados impide que se ejecuten correctamente las actividades enmarcadas en las metas de estos acuerdos. La gestiòn institucional està basado en los componentes de gestiòn del talento humano, gestiòn financiera y gestiòn de participaciòn, los cuales han comprendido sus procesos y actividades respectivas.
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